En la gestión de PPK se dejó de lado los esfuerzos para elevar la productividad. Hay dos reformas muy importantes, la diversificación productiva y la reforma educativa. Ambas se han debilitado. El presidente Martín Vizcarra debe enfocarse en despegar la economía, mejorar la educación y tecnología, elevar la productividad y la diversificación energética y productiva. Se debe reactivar la economía construyendo una hoja de ruta clara y transparente. Hay que reconocer que, sin inversión, no hay crecimiento y recursos para distribuir. Se hace necesario un acuerdo político básico de largo alcance, convocando a todas las fuerzas políticas, para no dejarse vencer por la coyuntura mediática y la torpe mezquindad política, de los populismos de siempre.  

Se debe resolver los problemas específicos que limitan el crecimiento de sectores con ventajas comparativas, la minería, el gas natural y las renovables, la agroexportación, la actividad forestal, la acuicultura y el turismo. Nuestro desarrollo no será posible si no logramos el despegue sostenido de estos sectores. Unos aportan más ingresos, otros empleo, pero debemos saber usar las ventajas que tenemos. La difícil licencia social de la minería tiene que ver con la mejor distribución y uso de los beneficios y las buenas prácticas ambientales. No se puede avanzar con grandes carencias, entregando grandes sumas de dinero a los dirigentes de turno de una comunidad y manteniendo tantos pasivos ambientales de operaciones antiguas o la creciente presencia de minería ilegal. Esto no es sostenible.

El otro importante sector que se debe atender es el de las pequeñas empresas, donde prima la informalidad, la baja productividad y el subempleo. Este amplio sector, 85% del PEA, es fuente de grandes desigualdades. Se debe ganar en productividad y competitividad. Ayuda mucho la eficiencia energética, por medio de créditos blandos y asistencia técnica. Esto junto a las mesas de trabajo, los clústeres, cadenas productivas y CITES, pueden lograr resultados. Trabajando articuladamente y en sinergia con Inacal, INIA y Senasa, buscando una infraestructura y red de la calidad. Pero esto toma tiempo.

Para este año, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) tiene previsto concesionar hasta cuatro proyectos mineros que comprometen cerca de US$10.000 millones. Uno de ellos, Michiquillay en Cajamarca, ya fue entregado. Entre los otros se cuenta a Colca y Jalaoca, que Proinversión espera adjudicar en el tercer trimestre del año. La meta para el nuevo ministro Francisco Ísmodes sería lograr que la inversión minera se expanda en el 2018 hacia adelante, de acuerdo con las proyecciones, el 13,2%, según el BCR. Como esto implicaría un desembolso de US$4.600 millones, se tendrá que asegurar la puesta en marcha de Quellaveco en Moquegua y la construcción de Pampa de Pongo en Arequipa. El primero comprometería US$5.500 millones, mientras que el otro US$1.500 millones.

De acuerdo con la agencia financiera internacional de evaluación de riesgo, Moody's, las energías renovables no convencionales serán la clave para impulsar el crecimiento económico en Latinoamérica. El crecimiento del mercado crediticio en la región, así como el objetivo común de los países de reducir sus emisiones de carbono, motivan su participación en el mercado de las energías renovables: "La producción hidroeléctrica ya es una fuente dominante de energía en algunos países de América Latina, pero consideramos que la actual capacidad instalada de energía eólica, solar y geotérmica se duplicará, a medida que la región intenta alcanzar sus metas de energía limpia a lo largo de la próxima década", señala Cristiane Spercel, vicepresidenta de Moody's. El país no puede estar fuera de este proceso. Se debe convocar a la quinta subasta de recursos energéticos renovables (RER) para tener nuevas inversiones en operación el 2021, 2022 y no tener que usar más diésel para la generación eléctrica.

En el informe citado se presenta a Chile como el país que ofrece las mejores condiciones para invertir en las RER debido a su fortaleza institucional, sus procesos y base legal para este tipo de mercado. Hasta inicios del 2017, el 17% de energía producida en Chile proviene de alguno de los tipos de RER: Cuando comenzó el gobierno de la presidenta Bachelet, en marzo de 2014, solo había un 7% de energías renovables no convencionales en la matriz, y hoy casi alcanza el 19%. Perú ha tenido un comportamiento oscilante, no obstante ser el primer país en contar con una ley de promoción de las tecnologías renovables.

El Perú aún tiene pendiente la eliminación de la potencia como una barrera de las RER para acceder al mercado libre. El Estado peruano cuenta también con un sistema de concursos públicos o subastas, que no ha sido periódicos y predecibles, por el cambio de las reglas de juego y falta de voluntad política.

A pesar de que el Perú se comprometió con una meta del 40% de producción de RER para el 2021 ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), tal objetivo aún es muy lejano. El nuevo gobierno tiene una gran oportunidad de hacer camino al andar.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y la Dirección General de Electrificación Rural (DGER-MEM) del Minem, el Perú obtiene altos índices de radiación solar constantes a lo largo del año en la zona sur del país. Este potencial aún no es desarrollado como corresponde, y así como la tecnología solar, existen otras zonas cuyo potencial para las RER es importante. Es el caso del potencial eólico en la costa y la geotermia en el sur peruano. Para lograr un desarrollo eficaz como el chileno, el Perú debe concentrar sus esfuerzos en organizar mejor al gobierno. Nuestro país posee buenas condiciones naturales para las RER, que van a mejorar la huella de carbono de nuestros productos de exportación. Pero los lobbies y la falta de una clara voluntad política resisten a la inversión en energías limpias. No debemos perder tiempo, que otros países están ganando. Está en juego el bienestar de las nuevas generaciones.