En el Acuerdo de París sobre cambio climático, el Perú se comprometió a evitar el crecimiento de sus emisiones en un 30% al 2030. Para lograrlo, se decidió además de frenar la deforestación, promover el uso de energías limpias, la gradual mayor participación de las energías renovables en el mercado eléctrico, que incluye la electromovilidad y el uso del gas natural vehicular (GNV) y del gas natural licuado (GNL), para el transporte de carga y personas. Esto debe ser nuestra transición energética. Sin embargo, se necesita que el Estado dé las señales adecuadas en política pública para lograr la migración hacia las tecnologías con bajas o menores emisiones, sobre todo en el transporte público.
Paradójicamente, el Gobierno emitió el pasado noviembre el Decreto de Urgencia N° 012-2019, en el que establece la devolución del impuesto selectivo al consumo (ISC) aplicable a la adquisición de diésel. Así, se ordena que la devolución a los transportistas del servicio de pasajeros y de carga sea equivalente al 53% del ISC incluido en el precio de venta del diésel B5 y diésel B20, por un plazo de tres años aplicable desde el 1 de enero de 2020. La devolución del ISC se efectuará en función de los galones de combustible diésel adquiridos por el transportista, del distribuidor mayorista y/o minorista, o el establecimiento de venta al público de combustibles. Esta norma significa un retroceso, alienta el uso del diésel, el combustible más contaminante. En la mayoría de países los beneficios tributarios son dirigidos a vehículos que utilizan combustibles más ecoamigables que el diésel. El decreto va contra los acuerdos suscritos por el Perú.
Sufrimos un transporte público caótico con unidades viejas y dependientes del diésel, Lima es la segunda ciudad más contaminada de América Latina, lo que impacta directamente en la salud de las personas. El combustible más usado en el Perú es el diésel. Según el Balance Nacional de Energía del 2016, las mayores emisiones de CO2 (dióxido de carbono) se presentan en los combustibles diésel utilizados principalmente por buses y camiones. La contaminación ambiental en Lima es generada en un 70% por la polución del parque vehicular obsoleto y el uso excesivo de diésel. Por otro lado, el incremento de las importaciones de petróleo y derivados alcanzó el 74% de participación en el 2017, esto nos muestra una tendencia creciente de los combustibles mayoritariamente importados y más contaminantes.
Exportamos un combustible más limpio y económico como el gas natural e importamos el más caro y contaminante, como es el diésel. El GNV emite respecto al diésel hasta 99% menos de material particulado y 30% menos de CO2. Sólo la conversión de 5,000 buses para cubrir el 35% de los viajes de transporte público generará ahorros por S/291 MM y disminuir las emisiones por 64,303 tCO2e (toneladas de dióxido de carbono equivalente) por año. Es hora de tomar decisiones, bono del chatarreo, financiamiento con las tasas más competitivas, grifos y centros de carga en la carretera panamericana, excepción de pico y placa, entre otras medidas. Debemos sacar adelante nuestra transición energética hacia un crecimiento con menores emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y menor contaminación, como Alemania, Corea, Japón o Chile.
